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POR UNA SALUD PÚBLICA GRATUITA DE CALIDAD

Al pedir una salud pública gratuita sabemos que, como todos los servicios públicos, no lo son porque los pagamos con los impuestos. Al decir gratuitos nos referimos a que sean universales, igualitarios, integrales y de calidad para todas las personas que integran nuestra sociedad sin ningún tipo de discriminación ni limitación y sin introducir el copago.
Los impuestos que pagamos y se destinan a la sanidad se han de dedicar íntegramente a la prevención y cuidado de la salud de las personas sin desviar un solo céntimo de ese fin. Las privatizaciones pretenden incluir a sociedades con ánimo de lucro; grandes empresas de construcción, bancos, farmacéuticas y similares, estos impuestos serán destinados en gran parte a sueldos astronómicos de los gestores de esas empresas y al beneficio que exigen los accionistas de estas sociedades.
Con una buena gestión publica nos ahorraríamos una cantidad importante de fondos que pasarían a mejorar el servicio y no al bolsillo de unos cuantos.
Las experiencias que nos llegan de todos los países que han puesto en marcha este tipo de propuestas, presentadas como la solución definitiva a los problemas de financiación de la sanidad publica  son negativas como lo son  los argumentos usados para defenderlo.

Rebaja de costes.

-Disminuir el coste limpieza, cuyo coste real es del 93%  en mano de obra, significa bajar el número de personas y horas destinadas a este servicio, lo que conlleva a un aumento notable de infecciones cosa que a nivel de costes es mucho más caro porque alarga las estancias, la medicación, los reingresos y ante todo es peligroso para la salud.

-Disminución del personal de enfermería, que es el personal que está en contacto directo con los enfermos y que en España es escandalosamente bajo en comparación con otros países europeos y están en relación inversa de las horas de enfermera por día y paciente con la mortalidad.

-No formar a los nuevos médicos que salen de las universidades con lo que dejamos el futuro sin personal especializado.

-No invertir en la investigación médica como tal y dejar en manos de las farmacéuticas la investigación de medicamentos y nada a la prevención  de enfermedades.

-Acortar el plazo de intervenciones rentables económicamente, a menudo innecesarias, y postergar o derivar a centros que sean públicos de verdad los casos que sean menos rentables.

Financiación.

El argumento de tener que bajar la deuda pública para no invertir en sanidad no es efectiva porque la deuda privada también se contabiliza como deuda exterior que grava la estabilidad y consideración de los mercados financieros, además de representar un incremento considerable del precio del dinero que se destina a financiar esos proyectos y que finalmente ha de pagar el erario público.

Eficiencia por creación de competencia.

El reparto de los centros a manos de empresas privadas termina creando un lobby sanitario que cuando tiene en sus manos la mayoría de la sanidad domina a los estamentos públicos con amenazas de cierre que deja sin sanidad a todo el estado y de esta forma puede imponer las condiciones que desee y que sin duda alguna sólo enfocarán sus intereses económicos sin tener en cuenta el interés común.

Este es un sistema que incluso los neoliberales ortodoxos no aceptan porque no se ajusta a las normas de libre mercado, dado que es una forma encubierta de monopolio de empresas privadas que prestan servicios a personas que están obligadas a acudir a esos centros y que ellos cobran sin riesgos del estado y aunque pueda parecer contradictorio implica un aumento de la burocracia, gastos administrativos y de control.
Toda esta información es pública y conocida por los políticos que afirman buscar la mejora de los servicios, pero la  única intencionalidad que se puede ver en ellos es la de sacar provecho personal y financiación para los partidos que dirigen.
Si los políticos no dicen de forma clara lo que pretenden, esto es algo demostrado a lo largo de los años, hemos de difundir sus intenciones y apoyar a los políticos que se comprometan a:

Mantener la caja única de la seguridad social por ser un derecho personal sin tener en cuenta que el desplazamiento por el territorio sea gravoso para ninguna parte.

No a la venta de los bienes de la seguridad social.

Derogación de la ley 15/97 que permite de hecho la entrada de la gestión privada de los servicios públicos de salud aprobada con los votos del PP, PSOE, CiU, PNV y C.C.

Dimisión o cese del Conseller de Sanitat por provenir y defender los intereses de las empresas de salud privada.

Otro mundo es posible, si queremos que lo sea y luchamos por conseguirlo.

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BANCOS Y ASEGURADORAS QUIEREN DESTRUIR Y PRIVATIZAR SANIDAD Y PENSIONES.
GOVERN, PP, PSOE, CIU, PSC: CÓMPLICES Y CULPABLES.

De todos es conocida la gravedad del ataque al sistema público de Salud y a las Pensiones, entre otros sectores afectados por la crisis capitalista y sus “soluciones”, que no son más que tremendos retrocesos en calidad de vida, derechos básicos y laborales y depauperación de las ya maltrechas economías obreras y populares: es la destrucción programada del Estado del Bienestar que tenemos y que costó muchas luchas y sangre conseguir.  En el caso de Catalunya, Barcelona y La Pau-St. Martí, las medidas ya iniciadas en su momento de estímulo a la Banca y al capital  financiero (es decir, regalarle dinero de todos a la Banca) se iniciaron con el PSOE y el Govern Tripartit, siguiendo las directrices que marcaron la Unión Europea (con Alemania y Francia a la cabeza), el FMI y el Banco Mundial (controlados por EEUU).

Ahora, CiU profundiza esta línea emprendida de destrucción de Derechos Fundamentales. Siguiendo las directivas marcadas por grandes bancos y aseguradoras, de grandes capitales, fundamentalmente franceses, alemanes y norteamericanos, además de la Gran Banca española y alguna aseguradora local, CiU ataca la Sanidad Pública, provocando recortes de más de un 10% en la ya maltrecha e insuficiente asistencia sanitaria. Cierre de CAP’s, centros de urgencias, recorte en ambulancias, medicamentos, centros de salud para personas discapacitadas, ERE’s, despidos de interinos, enfermeras, etc. provocan colapsos, desatención, muertes y listas de espera intolerables y falta de atención generalizada y mala calidad del servicio en la ciudadanía. ¿Por qué?

Pues la respuesta no solo está relacionada con la filiación del Conseller de Sanitat Boi Ruiz, Presidente de la Unió Catalana d’Hospitals (ente formado entre otros por Centros de Salud y Hospitales privados, es decir, la Patronal del sector), sino también por otro sector también muy poderoso: Bancos y Aseguradoras, que son una buena parte de la oligarquía financiera que domina los intereses políticos y económicos del país. Bancos y aseguradoras han presionado a sus gestores en el Gobierno español y el Govern de la Generalitat para conseguir las reformas que tanto deseaban y poder ampliar su margen de negocio (ganancias): laminar el sector de la salud pública para lograr copar una cuota importante de mercado con sus seguros de Salud privados en colaboración con los Hospitales, Centros de Salud y Mutuas privadas.
Con la caída en picado del servicio asistencial público, los Bancos y aseguradoras pueden colocar esos seguros a la población que se lo pueda permitir, dejando la Sanidad pública como un sector residual y puramente asistencial (modelo EEUU). Muestra de ello es la satisfacción de las compañías de seguros por las reformas realizadas y las directrices comerciales que se dan por parte de las mismas compañías a su red comercial: búsqueda intensiva y programada de clientes ante la “oportunidad única” que se les presenta de ganar clientes. Para ellos es imprescindible conseguir mayores cuotas de mercado en sectores que hasta ahora están dominados por el sector público de Salud.  Necesitan, como sangre un vampiro, mayores beneficios para seguir acumulando capitales, su único interés real.

Similar es el caso de las pensiones. Parte importante del Estado del Bienestar, las pensiones garantizaban el acceso a una prestación en diferentes casos. Pues bien, también las aseguradoras y la banca se frotan las manos con la noticia del “Pensionazo”: por fin se retrasa la edad de jubilación a los 67 años, se alargan los tiempos de cotización, se restringe el acceso a las pensiones, etc. Esto pone de nuevo en una inmejorable situación  a bancos y seguros: han dado la señal de al ataque a su red comercial (oficinas y agentes) a lanzarse a vender planes de pensiones, ahorro y seguros de vida, con el objetivo de copar un mercado hasta ahora regulado por el sistema público de pensiones, lucrándose de nuestras necesidades vitales futuras.

Estos culpables de nuestra ruina social tienen nombres y apellidos: BBVA, Santander, Generali (ex Vitalicio), Catalana Occidente, Barclays, la Caixa, Unnim, Banesto, Mapfre, Caja Madrid, Bankinter, Pastor, Deutsche Bank, Allianz, Zurich, Axa, Groupama, Adeslas, Assistència Sanitària (la del Barça),…

El capital financiero oligárquico –y el capital en general- necesita reproducirse eternamente para subsistir. En esta crisis se ha vuelto a demostrar esta realidad: buscan liquidez para seguir cerrando el ciclo del máximo beneficio al mínimo coste, aún pasando por nuestras necesidades más básicas: educación, salud, pensiones, subsidios, cesta de la compra, agua, luz, vivienda, trabajo.

Por cierto, las exigencias del gran capital descritas, se muestran también en la realidad laboral cotidiana que sufren los trabajadores al servicio de estas grandes empresas.

Ejemplo de la aseguradora Catalana Occidente:
La mayoría de ellos son autónomos (coste de contratación 0 para las empresas, sin derechos laborales ni cotización alguna), trabajan a comisión de ventas pura y dura superado el período de pruebas, no tienen en posesión la cartera de clientes que generan (es de la compañía), se han de pagar todos los gastos (desplazamientos, alojamientos, dietas, gasoil…), deben gestionar siniestros e incidencias, les ponen objetivos inalcanzables, y sufren, como el caso de M.S.P., compañera de la Asamblea de la Verneda y Sant Martí, mobbing, secuestros de comisiones y beneficios, acoso laboral, y persecución, aún a pesar de cumplir –cosa rara en los agentes nuevos- con los objetivos marcados por la Dirección Comercial. ¿El por qué? Sencillo: Quieren repartirse las carteras que generan los trabajadores en prácticas para repartírselas entre los Directivos de la Compañía. Todo el pastel para unos pocos escogidos. ¡Solidaridad con M.S.P.!

Debemos, desde la Asamblea Verneda-Sant Martí, denunciar todos estos hechos expuestos, y exigir la Sanidad pública, Universal, Gratuita y de Calidad que nos merecemos los trabajadores y las clases populares; la derogación de la Reforma Laboral y el Pensionazo; el Reparto del Salario y la Riqueza; las 35 horas semanales por Ley; la nacionalización de la Banca y las grandes empresas, incluidas aseguradoras, y la salida inmediata de la Unión Europea, así como el no cumplimiento de la imposiciones del FMI y el Banco Mundial.

CONCENTRACIÓN DE DENUNCIA FRENTE A LA BANCA Y LAS ASEGURADORAS:
JUEVES 18, 10 horas, Plaça Ram de l’Aigua (entre Guipúzcoa y Cantabria).
¡Trae una cazuela y una cuchara o similar para hacer ruido!

¡VEN, PARTICIPA, EXPRÉSATE, ACTÚA! Asamblea La Verneda-Sant Martí, cada martes a las 20h en plaça Ram de l’Aigua

ASAMBLEA LA VERNEDA-SANT MARTÍ.